Una actividad paga realizada en febrero de 2022 en el International College de Punta del Este, con Javier Milei y Manuel Adorni como protagonistas, volvió a quedar en el centro de la escena tras una denuncia penal presentada en Argentina. El caso abre una pregunta sensible para Uruguay: hasta dónde puede llegar el uso de un centro educativo privado para actividades de fuerte contenido político-partidario.

Un colegio privado como escenario de una actividad política paga

El 11 de febrero de 2022, cuando Javier Milei todavía era diputado argentino y Manuel Adorni era conocido como economista y panelista, ambos participaron en un “talk show” en el International College de Punta del Este. La actividad fue presentada públicamente como una conferencia sobre economía, libertad, política regional y futuro de Argentina y Uruguay.

No fue una charla interna, ni una instancia académica cerrada para estudiantes. Fue un evento público, promocionado en medios locales, con venta de entradas y organizado fuera del funcionamiento normal de un centro educativo. Las publicaciones de la época ubicaron la actividad en el International College, con la organización de Marcelo Grandio y con entradas comercializadas a través de una plataforma de venta.

Ese dato es central. La discusión no pasa solamente por el contenido de una charla sobre economía, sino por el uso de un establecimiento educativo privado habilitado en Uruguay como sede de una actividad pública paga encabezada por una figura político-partidaria argentina en pleno crecimiento electoral y por quien luego terminaría siendo una de las voces más visibles del gobierno de Milei.

Según los documentos mencionados en la denuncia penal conocida en Argentina, las entradas habrían tenido un valor de entre 15 y 30 dólares y la recaudación estimada pudo llegar hasta los 30.000 dólares. También se menciona un aforo cercano al millar de personas. Esos datos todavía requieren confirmación documental completa, pero coinciden con publicaciones periodísticas de la época que informaron precios de entradas, formato del evento y capacidad del auditorio.

La pregunta que queda planteada para Uruguay es directa: ¿quién autorizó que un colegio privado funcionara como escenario de una actividad de ese tipo? Y, sobre todo, ¿hubo evaluación posterior de las autoridades educativas?

La frontera entre conferencia, negocio y proselitismo

El caso obliga a mirar una zona que muchas veces queda fuera del debate público: los colegios privados también forman parte del sistema educativo y también están alcanzados por normas y controles. Que una institución sea privada no significa que pueda funcionar como espacio neutral para cualquier actividad política, comercial o ideológica sin rendición de cuentas.

La legislación uruguaya establece límites para la propaganda y el proselitismo político en establecimientos de educación. Ese marco no se reduce únicamente a los centros públicos. También alcanza a establecimientos privados, precisamente porque la educación, aun cuando se gestione desde el sector privado, cumple una función social y está sometida a reglas generales del país.

Por eso, el punto delicado no es si Milei o Adorni podían opinar sobre economía. Podían hacerlo. El punto es otro: si correspondía que un colegio habilitado en Uruguay prestara su espacio, su infraestructura o su marca institucional para una actividad pública, paga, de fuerte contenido político-ideológico, protagonizada por dirigentes asociados a una corriente partidaria extranjera.

El enfoque liberal del evento no fue ocultado. Las propias convocatorias lo presentaban como una charla sobre economía y libertad, con una mirada alineada a los conferencistas. En aquel momento Milei ya era diputado y una figura partidaria instalada en Argentina. No era un académico sin actividad política ni un invitado técnico aislado. Era un dirigente en campaña permanente, con un discurso claramente orientado a construir poder político.

En ese marco, la actuación que ahora se atribuye al MEC adquiere relevancia. Si el Ministerio de Educación y Cultura efectivamente decidió poner la lupa sobre el International College, el paso lógico debería ser establecer si existió expediente, si hubo consulta previa, si se pidió información al colegio, si se evaluó la naturaleza del evento y si el centro educativo recibió alguna advertencia o sanción.

Hasta ahora, lo prudente es hablar de un caso bajo revisión o señalado públicamente, no de una resolución administrativa cerrada. No se conoce, al menos públicamente, un pronunciamiento final del MEC sobre el episodio.

Rozenblum, Grandio, Adorni y una red que vuelve a aparecer

El episodio de 2022 no quedó aislado. Volvió a tomar relevancia porque algunos de sus nombres reaparecen en una trama más amplia investigada en Argentina.

Rolando Rozenblum aparece señalado como una figura clave del entorno empresarial de Punta del Este. En 2022 era mencionado como propietario o anfitrión vinculado al International College. Años después, vuelve a aparecer en publicaciones periodísticas por su vínculo con Manuel Adorni y por reuniones privadas realizadas en Punta del Este con empresarios argentinos y uruguayos.

Marcelo Grandio también aparece como un nombre repetido. Fue presentado como organizador o moderador del evento de 2022 y luego volvió a quedar vinculado a Adorni en el contexto de viajes y actividades en Punta del Este. La productora Imhouse, mencionada en torno a estos episodios, también forma parte de los elementos que la investigación periodística y judicial argentina viene colocando bajo análisis.

La denuncia penal presentada en Argentina sostiene que habría existido un mecanismo de cobro de tarifas a empresarios residentes fuera de Argentina a cambio de charlas, exposiciones o reuniones informales con Adorni. Esa denuncia deberá ser investigada por la Justicia argentina y no corresponde dar por probados hechos que todavía están bajo análisis. Pero sí corresponde señalar que el evento del International College aparece mencionado como antecedente dentro de esa línea de investigación.

Ahí está el valor periodístico del caso. Lo que en 2022 pudo presentarse como una simple conferencia de verano en Punta del Este hoy aparece integrado a una red de vínculos políticos, empresariales y económicos mucho más amplia. La escuela privada, el auditorio, la venta de entradas, los organizadores, los anfitriones y los protagonistas ya no pueden mirarse como piezas sueltas.

Punta del Este como vidriera de la derecha regional

Punta del Este hace tiempo dejó de ser solo un balneario. También funciona como punto de encuentro de empresarios, operadores políticos, inversores, dirigentes argentinos, referentes del Partido Nacional y sectores de poder económico regional. En ese circuito, las fronteras entre reunión social, lobby, negocios, política y campaña muchas veces se vuelven difusas.

El caso Milei-Adorni en el International College debe leerse también dentro de ese escenario. Una figura de la derecha argentina, con discurso antisindical, antiestatal y ultraliberal, encontró en Punta del Este un espacio cómodo para amplificar su mensaje frente a un público de alto poder adquisitivo. El lugar elegido no fue menor: un colegio privado internacional, bilingüe, asociado a sectores sociales de élite y luego incorporado a una red global de educación premium.

Desde una mirada democrática, el problema no es que existan colegios privados ni que haya familias que elijan ese tipo de educación. El problema aparece cuando una institución educativa se convierte, directa o indirectamente, en plataforma de legitimación para discursos partidarios extranjeros, actividades pagas y redes de poder político-empresarial.

Mucho más cuando esas redes terminan, años después, bajo investigación penal en otro país.

Las preguntas que Uruguay todavía debe responder

El caso deja varias preguntas abiertas. La primera es institucional: si el MEC o las autoridades educativas uruguayas fueron informadas antes o después del evento. La segunda es económica: quién cobró las entradas, quién facturó, quién recibió la recaudación y si el colegio percibió dinero por alquiler del auditorio o por otro concepto. La tercera es educativa: si participaron estudiantes, familias del colegio o si se usaron canales institucionales de comunicación del centro para promocionar la actividad.

También corresponde saber si el International College tenía autorización para ceder sus instalaciones a una actividad externa de estas características y si la habilitación del centro contemplaba el uso del edificio para eventos políticos o comerciales ajenos a su función educativa.

La discusión no debería cerrarse en una anécdota sobre Milei en Punta del Este. El fondo es más serio: qué controles tiene Uruguay sobre los colegios privados, qué límites existen para el uso político de instituciones educativas y qué ocurre cuando espacios destinados a formar niños, niñas y adolescentes se cruzan con redes de poder, dinero y proselitismo.

La educación privada no puede funcionar como zona liberada. Tampoco puede convertirse en refugio elegante para operaciones políticas que, si ocurrieran en un centro público, generarían un escándalo inmediato.

El International College, sus responsables de aquel momento, los organizadores del evento y las autoridades educativas uruguayas tienen todavía preguntas por responder.

Fuentes

Maldonado Noticias
Revista Cero
Montevideo Portal
Caras y Caretas
ElDiarioAR
Registros públicos de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales
Normativa uruguaya sobre educación y establecimientos privados
Publicaciones públicas vinculadas a la denuncia penal contra Manuel Adorni