Cardama insiste en que tiene argumentos para defenderse, reclama diálogo con el gobierno uruguayo y lleva el caso al plano internacional. Pero ante la comisión investigadora del Parlamento decidió no comparecer en persona y pidió responder por escrito. El gesto deja una señal política clara: mucha firmeza en los comunicados, poca disposición a sostener la versión cara a cara.

El astillero no se sienta frente al Parlamento

El astillero español Cardama declinó la invitación para participar de forma presencial en la comisión parlamentaria que investiga el proceso vinculado a las patrulleras oceánicas. En lugar de presentarse ante los legisladores, la empresa pidió que las preguntas se le envíen por escrito y anunció que responderá por la misma vía.

La diferencia no es menor. Responder por escrito no equivale a comparecer. Una comisión investigadora no funciona solamente con declaraciones preparadas, frases medidas y documentos redactados con asesoramiento jurídico. También implica repreguntas, cruces, aclaraciones inmediatas y responsabilidad pública frente a los representantes nacionales.

Cardama sostiene desde hace meses que tiene razón, que el gobierno uruguayo actuó mal y que existe voluntad de alcanzar una solución. Sin embargo, en el momento de presentarse ante el ámbito político donde esa versión podía ser escuchada, discutida y contrastada, el astillero eligió correrse de la escena presencial.

Ese es el centro del episodio. No la historia completa del contrato, ya conocida. No la reconstrucción larga del caso. El dato político del día es otro: una empresa que dice querer defender su posición evita sentarse ante el Parlamento uruguayo.

Reclama diálogo, pero esquiva el ámbito institucional

En la carta enviada a la comisión, Cardama sostuvo que resulta difícil encauzar la situación sin un diálogo con el gobierno. También afirmó que mantiene disposición para alcanzar una solución acordada.

El problema es que esa disposición aparece acompañada de una ausencia. Reclamar diálogo y al mismo tiempo evitar la comparecencia presencial ante una comisión investigadora deja una contradicción evidente. El Parlamento no es un mostrador secundario ni una formalidad incómoda: es uno de los espacios institucionales donde se rinden cuentas sobre decisiones que involucran dinero público, defensa nacional y responsabilidades políticas.

La empresa tiene derecho a defenderse por todas las vías legales que entienda pertinentes. También tiene derecho a cuidar su estrategia en medio de una disputa contractual y judicial. Pero el país tiene derecho a leer el gesto político completo: Cardama quiere hablar en los términos que le convienen, por la vía que controla y sin exponerse al ida y vuelta directo de una comisión.

No se trata de exigir una confesión ni de prejuzgar el resultado de las investigaciones. Se trata de una cuestión más simple: si la empresa afirma tener argumentos sólidos, la comparecencia presencial era una oportunidad para mostrarlos frente al sistema político uruguayo. En vez de eso, eligió el camino más cómodo.

Mucho arbitraje, poca cara

La decisión llega en un momento sensible. Cardama ya inició el camino del arbitraje internacional contra Uruguay tras la rescisión del contrato, mientras el gobierno sostiene que actuó ante incumplimientos graves y frente a irregularidades en garantías que eran esenciales para el acuerdo.

En ese escenario, la negativa a comparecer presencialmente refuerza una lectura política: el astillero busca dar la pelea en los ámbitos donde puede ordenar mejor su relato, pero evita el terreno parlamentario donde las preguntas no dependen solo de sus tiempos.

La empresa también deslindó a Pedro Álvarez y Gerardo Moreira, dos nombres que habían sido invitados a participar en la comisión. Sobre Álvarez señaló que no es representante, sino trabajador. Sobre Moreira afirmó que es asesor independiente. La consecuencia práctica es la misma: Cardama reduce el margen de comparecencias directas y deja la investigación sin voces presenciales de la empresa.