El presidente estadounidense revocó dos órdenes ejecutivas vigentes desde las décadas de 1970 y abrió la puerta a una revisión amplia de las normas que regulaban el uso de motocicletas, cuatrimotos y otros vehículos fuera de carretera en tierras federales. La Casa Blanca lo presenta como una medida de acceso y desregulación; los sectores ambientalistas advierten por impactos sobre suelos, fauna, paisajes y áreas de conservación.

Una orden contra medio siglo de controles ambientales

Donald Trump firmó una orden ejecutiva que elimina dos normas presidenciales históricas sobre el uso de vehículos todoterreno en tierras públicas federales de Estados Unidos. La medida revoca la Orden Ejecutiva 11644, firmada por Richard Nixon en 1972, y la Orden Ejecutiva 11989, firmada por Jimmy Carter en 1977.

Aquellas disposiciones obligaban a las agencias federales a ordenar, limitar o cerrar el uso de vehículos fuera de carretera en zonas sensibles. El objetivo era evitar daños sobre suelos, vegetación, fauna, hábitats, paisajes, sitios históricos y otros recursos naturales o culturales. También buscaban reducir conflictos entre distintos usos de las tierras públicas, desde actividades recreativas hasta conservación ambiental.

La nueva orden de Trump sostiene que esos criterios eran “vagos”, “subjetivos” y “obsoletos”. La Casa Blanca argumenta que las regulaciones derivadas de aquellas órdenes generaron demoras en proyectos energéticos, forestales, turísticos, recreativos, de infraestructura y de mantenimiento en zonas remotas.

La decisión no significa necesariamente que desde ahora cualquier vehículo pueda circular libremente por todo parque nacional o refugio ambiental. Lo que hace la orden es retirar el marco presidencial que durante décadas obligó a las agencias a imponer restricciones específicas y a cerrar áreas ante daños ambientales relevantes. A partir de ahora, los departamentos y organismos federales deberán revisar, modificar o eliminar las regulaciones que dependían de esas órdenes.

Tierras públicas bajo presión productiva

Las tierras federales de Estados Unidos incluyen parques nacionales, bosques, refugios de vida silvestre y extensas áreas administradas por el Gobierno para conservación, recreación, explotación forestal, minería, energía, pastoreo y otros usos. Solo la Oficina de Administración de Tierras, conocida como BLM, gestiona alrededor de 245 millones de acres, cerca de una décima parte de la superficie terrestre del país.

La orden encaja dentro de una agenda más amplia de Trump: reducir regulaciones ambientales, acelerar permisos, ampliar la explotación energética y reforzar una mirada de “uso múltiple” de las tierras públicas. Esa fórmula suele presentarse como equilibrio entre recreación, producción y conservación, pero en la práctica puede inclinar la balanza hacia actividades económicas con fuerte presión sobre territorios frágiles.

La Casa Blanca afirma que la medida permitirá mayor acceso a zonas remotas, más oportunidades recreativas y menos trabas burocráticas. También vincula la decisión con el desarrollo energético, la producción maderera, el mantenimiento de infraestructura y la actividad económica en áreas rurales.

El punto de fondo es político y ambiental. Bajo el discurso de la libertad de acceso, el gobierno estadounidense vuelve a mover la frontera entre conservación y negocio. La tierra pública deja de ser pensada principalmente como patrimonio común que requiere protección estricta y pasa a ser tratada como espacio disponible para circulación, extracción, recreación motorizada y expansión productiva.

El costo ambiental de abrir caminos

El uso de vehículos todoterreno no es una actividad neutra en ecosistemas sensibles. Las propias agencias estadounidenses han señalado durante años que la circulación fuera de carretera puede compactar suelos, dañar vegetación, alterar funciones hidrológicas, erosionar terrenos, afectar hábitats y perturbar fauna silvestre.

En áreas desérticas, dunas, bosques, humedales o refugios de vida silvestre, una huella de vehículo puede permanecer durante años. En algunos paisajes, el daño resulta difícil o directamente imposible de reparar. La apertura de caminos informales también facilita nuevas entradas, más ruido, mayor fragmentación de hábitats y conflictos con visitantes que buscan usos no motorizados de las áreas naturales.

La preocupación no se limita a las cuatrimotos o motocicletas recreativas. El cambio regulatorio también puede tener efectos sobre el acceso de vehículos vinculados a mantenimiento, explotación forestal, energía, minería o infraestructura. El riesgo principal es que la revisión ordenada por Trump debilite herramientas que permitían cerrar zonas ante daños ambientales comprobados.

En nombre de la desregulación, la administración estadounidense desarma una parte del sistema que durante medio siglo buscó poner límites al avance motorizado sobre tierras públicas. El debate que se abre no es solo sobre vehículos: es sobre quién decide el destino de los territorios comunes, qué peso tiene la conservación frente a la explotación económica y cuánta protección real conservan los ecosistemas frente a una política que prioriza acceso, producción y negocios.

Foto: The White House / archivo”.