Más de 41,4 millones de colombianos están habilitados para elegir presidente y vicepresidente para el período 2026-2030. La primera vuelta enfrenta al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, con una derecha que llega dividida entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. La elección se desarrolla con fuerte vigilancia internacional, riesgo territorial en cientos de municipios y una disputa de fondo sobre el rumbo social, económico y democrático del país.

Colombia vota este domingo en una elección presidencial que excede la competencia entre candidaturas. Lo que está en juego es la continuidad del ciclo progresista abierto por Gustavo Petro o el regreso de una derecha que propone seguridad dura, mercado, castigo penal y restauración conservadora frente a los problemas estructurales del país.

La jornada electoral se desarrolla entre las 8:00 y las 16:00 hora local en los 1.104 municipios colombianos. Están habilitadas 41.421.973 personas para votar: 40.007.312 dentro del territorio nacional y 1.414.661 en el exterior. La Registraduría dispuso 13.742 puestos de votación y 122.016 mesas, con participación de colombianos residentes en 67 países.

El sistema exige mayoría absoluta para ganar en primera vuelta. Si ninguna candidatura supera el 50% de los votos válidos, la Presidencia se definirá el 21 de junio en una segunda vuelta entre las dos fórmulas más votadas.

La elección llega con 11 candidaturas activas y una vigilancia internacional amplia. Más de 1.200 observadores internacionales, pertenecientes a distintas organizaciones y misiones, acompañan el proceso. La presencia externa busca reforzar la confianza en una jornada atravesada por denuncias de desinformación, tensiones políticas y alertas de seguridad en varias regiones.

Una disputa entre proyecto social y restauración conservadora

Iván Cepeda llega a la elección como candidato del Pacto Histórico y principal figura de continuidad del proceso iniciado por Petro. Su campaña plantea sostener una agenda de reformas sociales, justicia económica, paz negociada, derechos humanos, presencia estatal y ampliación de políticas públicas en salud, educación, trabajo y campo.

El programa de Cepeda propone tres ejes fuertes: una transformación ética contra la corrupción, una transformación social y económica con mayor inversión pública, y una transformación política orientada a democratizar el Estado. Entre sus planteos aparecen la creación de un Banco del Pueblo, el impulso a la reforma agraria, la consolidación de cambios laborales y pensionales, el fortalecimiento de un sistema de salud público y universal, y el acceso a educación pública superior gratuita, especialmente en zonas rurales.

Ese enfoque choca con una derecha que intenta capitalizar el desgaste del gobierno de Petro y reinstalar una lectura más punitiva de la crisis colombiana. Abelardo de la Espriella, abogado y empresario, representa la versión más dura de ese bloque. Su campaña se apoya en promesas de mano dura, megaprisiones, libre mercado, valores conservadores y una retórica de orden vinculada a referencias regionales e internacionales como Nayib Bukele y Donald Trump.

Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, expresa la línea más tradicional del uribismo. Su candidatura también pone el foco en seguridad, combate al narcotráfico, defensa de la empresa privada y endurecimiento frente a la criminalidad. La diferencia central está en el perfil: Valencia intenta ordenar a la derecha institucional, mientras De la Espriella busca presentarse como figura rupturista y más agresiva en el discurso público.

La fragmentación opositora convierte la primera vuelta en una medición decisiva. No solo se define quién encabeza el voto progresista y quién lidera a la derecha, sino también qué tipo de oposición puede pasar a un eventual balotaje: una derecha uribista clásica o una derecha más radicalizada, mediática y punitiva.

El peso de la violencia y la desinformación

La elección colombiana no se juega únicamente en los debates televisivos ni en las grandes ciudades. La Misión de Observación Electoral identificó 386 municipios con algún nivel de riesgo por factores de violencia, lo que equivale al 34,4% de los municipios del país. De ellos, 139 están en riesgo extremo, 122 en riesgo alto y 125 en riesgo medio. Cauca y Antioquia aparecen entre los departamentos más críticos.

Ese dato vuelve a mostrar una realidad persistente: votar en Colombia sigue siendo, para parte de la población, un acto marcado por presión territorial, presencia de grupos armados, economías ilegales y debilidad estatal. La democracia formal existe, pero no siempre llega con la misma fuerza a todos los territorios.

A ese escenario se suma una campaña cargada de desinformación y sospechas cruzadas sobre el sistema electoral. La Registraduría defendió la trazabilidad de las actas, la cadena de custodia, el papel de los jurados de votación y la publicación de la documentación electoral. El Consejo Nacional Electoral también informó acciones de control sobre medios magnéticos y acompañamiento de organismos de control, auditores políticos y misiones de observación.

La tensión no es menor. Colombia llega a esta elección después de un ciclo de reformas discutidas, resistencias empresariales, conflictos legislativos, presión mediática y una disputa abierta por el sentido del gobierno de Petro. Para los sectores progresistas, la elección representa la posibilidad de profundizar un rumbo social todavía incompleto. Para la derecha, es la oportunidad de frenar ese proceso y reinstalar una agenda de orden, mercado y seguridad dura.

Una región atenta al resultado colombiano

El resultado de Colombia también será leído en clave latinoamericana. En una región atravesada por avances y retrocesos de proyectos progresistas, el país se convirtió en una pieza política relevante desde la llegada de Petro al gobierno. Una victoria del Pacto Histórico fortalecería la idea de que el ciclo abierto en 2022 no fue un episodio aislado, sino el comienzo de una transformación más larga.

Un triunfo de la derecha, en cambio, sería presentado como un freno al progresismo colombiano y como parte de una ola regional que busca convertir el miedo, la inseguridad y el malestar económico en respaldo a proyectos de mano dura. Esa disputa atraviesa hoy buena parte de América Latina: más Estado social o más castigo; más derechos o más restauración conservadora; paz negociada o militarización; redistribución o ajuste.

La primera vuelta puede no resolver la Presidencia, pero sí ordenará el mapa político. Si Cepeda gana sin alcanzar el 50%, deberá enfrentar en junio a una derecha reagrupada detrás de una sola candidatura. Si la derecha logra colocar a De la Espriella o Valencia en una posición competitiva, la segunda vuelta se transformará en una disputa frontal entre dos modelos de país.

Fuentes:

Registraduría Nacional de Colombia,Misión de Observación Electoral,El País,Reuters