El acuerdo firmado en mayo prevé equipos de inspección, escáneres portátiles y capacitación para fortalecer controles sobre cargamentos y paquetes. La cooperación alcanza también a Argentina, Ecuador y México, y forma parte de una estrategia regional ejecutada junto a UNODC.

Uruguay recibirá apoyo de Japón para fortalecer la lucha contra el narcotráfico mediante tecnología, capacitación y cooperación técnica orientada al control de cargamentos, paquetes y puntos estratégicos de salida del continente. El acuerdo fue firmado en mayo y se canaliza a través de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC.

La iniciativa fue presentada por el Ministerio del Interior como parte de un proyecto regional financiado por el gobierno japonés para fortalecer la seguridad marítima y mejorar las capacidades de respuesta frente al crimen organizado transnacional. La Embajada de Japón informó que el financiamiento total para dos proyectos en América Latina asciende a tres millones de dólares, con énfasis en Uruguay. Búsqueda informó, además, que el componente específico de tecnología antidrogas para Uruguay rondaría el millón de dólares.

El convenio comprende también a Argentina, Ecuador y México. La elección de esos países no es casual: se trata de territorios vinculados a rutas sensibles para el tráfico internacional de drogas, con puertos, aeropuertos, corredores logísticos y puntos de salida utilizados por organizaciones criminales.

Tecnología para revisar cargamentos y paquetes

Uno de los puntos principales del acuerdo es la entrega de equipos de inspección, entre ellos escáneres portátiles. Estos dispositivos permiten mejorar el control sobre cargamentos, paquetes y posibles compartimentos ocultos, sin depender únicamente de revisiones manuales o controles aleatorios.

La cooperación también incluye capacitación para las autoridades competentes. Ese punto es clave: la tecnología por sí sola no alcanza si no hay personal formado para interpretar imágenes, detectar patrones, identificar riesgos, coordinar alertas y cruzar información entre organismos.

En Uruguay, el trabajo de control sobre puertos y aeropuertos involucra a distintas áreas del Estado, entre ellas Policía, Aduanas, Prefectura y autoridades vinculadas a la seguridad marítima. La Unidad de Vigilancia de Puertos y Aeropuertos del Ministerio del Interior tiene entre sus cometidos la prevención, disuasión y represión de delitos, con especial atención al narcotráfico y al tráfico de drogas en terminales aéreas y marítimas.

Una respuesta regional frente a redes que no respetan fronteras

El narcotráfico no opera dentro de los límites administrativos de un país. Funciona mediante rutas, contactos, depósitos, transporte, documentación, corrupción, logística internacional y puntos de salida hacia mercados de mayor valor. Por eso la iniciativa financiada por Japón apunta a fortalecer la llamada Conciencia del Dominio Marítimo y la Aplicación de la Ley Marítima en corredores que conectan América del Sur con Asia y el Pacífico.

El Ministerio del Interior señaló que el proyecto responde al crecimiento de organizaciones criminales que, en un contexto de globalización, lograron extender su alcance hacia otros continentes. Esa definición ubica el problema en su verdadera dimensión: no se trata solamente de incautar droga, sino de entender cómo se mueve, cómo se esconde, quién la protege y qué puntos débiles del sistema aprovecha.

Uruguay no es productor de cocaína, pero su infraestructura logística, su conectividad portuaria y su ubicación regional pueden ser utilizadas por redes criminales para mover droga hacia el exterior. Ese riesgo exige controles más finos, coordinación entre organismos y cooperación internacional.

Japón vincula seguridad, inversión y estabilidad

El interés de Japón también tiene una lectura económica. Búsqueda recogió declaraciones del embajador japonés en Montevideo, Kenichi Okada, quien expresó preocupación por la necesidad de enfrentar de raíz el problema del narcotráfico y por el impacto que la inseguridad puede tener sobre el clima de inversiones.

Ese enfoque coloca el tema en un plano más amplio. El narcotráfico no afecta únicamente a los barrios golpeados por la violencia ni a quienes consumen drogas. También compromete puertos, comercio exterior, reputación internacional, inversiones, seguros, transporte y capacidad del Estado para garantizar reglas claras.

Para Uruguay, la cooperación japonesa puede ser una herramienta importante. Pero el desafío de fondo seguirá estando en la conducción nacional: sostener controles, capacitar funcionarios, mejorar inteligencia, evitar superposición de organismos y cerrar espacios de corrupción que permiten que las redes criminales operen con ventaja.

Una política pública que necesita continuidad

La ayuda japonesa llega en un momento en que Uruguay busca reforzar su capacidad frente al crimen organizado. En los últimos años, distintas investigaciones mostraron que el país puede ser utilizado como punto de acopio, tránsito o salida de grandes cargamentos de droga hacia otros destinos.

La incorporación de escáneres portátiles y tecnología de inspección puede mejorar la respuesta estatal, especialmente en cargamentos y paquetes. Pero esa respuesta necesita continuidad. Los equipos deben mantenerse, el personal debe capacitarse, los datos deben compartirse y los controles deben formar parte de una política permanente, no de una reacción aislada.

Fuentes

Ministerio del Interior — “Interior integra iniciativa regional para fortalecer la seguridad marítima y la lucha contra el narcotráfico,Embajada de Japón en Uruguay