El Ministerio del Interior trasladó documentación original del archivo histórico de Inteligencia Policial a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente. Son 23 cajas, más de 100 encuadernaciones y más de 73.000 páginas microfilmadas, con información sensible sobre el período marcado por la actuación ilegítima del Estado y el terrorismo de Estado
Archivos que no podían seguir guardados en silencio
El Ministerio del Interior entregó a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente documentación original correspondiente al período 1968-1985, conservada hasta ahora en el archivo histórico de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial.
La entrega se realizó este jueves 28 de mayo en la sede del Ministerio del Interior y forma parte de un convenio de cooperación técnica y trabajo conjunto entre ambas instituciones. Participaron la subsecretaria del Interior, Gabriela Valverde, y la secretaria de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Alejandra Casablanca.
De acuerdo con la información divulgada, el material incluye 23 cajas con documentación en papel, más de 100 encuadernaciones y más de 73.000 páginas microfilmadas durante este año. No se trata de papeles administrativos sin valor histórico. La propia subsecretaria Valverde señaló que allí hay “información sensible” y sostuvo que esa documentación fue entregada “donde debe estar”.
El dato no es menor. Durante décadas, buena parte de la verdad sobre la represión estatal, las detenciones, los seguimientos, las desapariciones forzadas, los operativos de inteligencia y las responsabilidades institucionales quedó fragmentada, dispersa o directamente retenida en organismos del propio Estado. Que esos documentos pasen desde la órbita policial hacia un archivo civil especializado no resuelve por sí solo la deuda histórica, pero cambia el lugar institucional desde donde esa información debe ser conservada, estudiada y puesta al servicio de la verdad.
Del archivo policial al archivo de derechos humanos
La Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente depende de Presidencia de la República y tiene entre sus cometidos promover el acceso a información completa y ordenada sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos entre 1968 y 1985. Su archivo funciona como un centro especializado, con criterios técnicos de tratamiento documental y estándares archivísticos internacionales.
Ese punto es central. Los archivos de inteligencia no son solamente papeles viejos. Pueden contener fichas, seguimientos, nombres, operativos, vínculos institucionales, movimientos de detenidos, referencias cruzadas y datos que permitan reconstruir rutas represivas. También pueden aportar elementos para investigaciones judiciales, búsquedas de personas detenidas desaparecidas y trabajos históricos que durante años dependieron de fragmentos, testimonios o documentos aparecidos de forma parcial.
La medida se inscribe en una línea que el actual gobierno había anunciado en 2025, con la reactivación de convenios para digitalizar y trasladar documentación vinculada a la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, expedientes de la Justicia Militar, el Supremo Tribunal Militar y materiales depositados en dependencias policiales. En aquel momento, Interior planteó que hasta 2020 ese acuerdo había estado operativo y que luego debía retomarse el trabajo.
Hay un antecedente importante: en 2016, el Ministerio del Interior ya había entregado archivos policiales del período 1968-1974 a la Universidad de la República y a Presidencia. Aquella etapa fue presentada como una primera fase, con la aclaración de que todavía restaban archivos por procesar. La entrega actual vuelve a mostrar que la documentación estatal sobre el pasado reciente no estaba completamente ordenada ni concentrada en los ámbitos correspondientes.
La verdad sigue abierta
La entrega ocurre en un momento en que las investigaciones sobre desaparición forzada siguen activas. La Institución Nacional de Derechos Humanos actualizó en mayo de 2026 su informe sobre denuncias y casos en investigación: al 14 de mayo se habían recibido y relevado 326 denuncias de desaparición forzada vinculadas al período del terrorismo de Estado, en Uruguay y en el exterior.
De ese total, 43 casos fueron considerados aclarados por hallazgo de restos o certeza del paradero; 40 denuncias fueron descartadas; y permanecen 243 investigaciones activas. Dentro de esas investigaciones hay 162 casos activos y 81 denuncias en análisis. El número oficial de personas reconocidas como víctimas de desaparición forzada pasó de 197 a 205.
En ese contexto, cada archivo recuperado importa. No solo por lo que pueda decir de una persona, un operativo o una dependencia estatal. Importa también porque permite ordenar el mapa de una maquinaria represiva que no actuó por accidentes aislados, sino desde estructuras, mandos, registros y circuitos de información.
Alejandra Casablanca celebró el convenio y pidió que toda persona que tenga información, aunque le parezca mínima, la acerque a la Institución Nacional de Derechos Humanos, a la Secretaría, a Familiares o al lugar que le dé más seguridad. En las investigaciones del pasado reciente, un documento, una ficha, una anotación o un testimonio pueden abrir una línea que estuvo cerrada durante décadas.
Fuentes
Ministerio del Interior: actividad oficial de entrega de documentos originales del período 1968-1985.
El Observador: