Una denuncia basada en un pedido de acceso a la información pública puso bajo análisis la compra de 49 viviendas destinadas al programa Viviendas con Apoyo. El plan apunta a dar soluciones habitacionales a personas en situación de calle, pero ahora aparecen preguntas sobre precios, estado de los inmuebles, criterios de adjudicación y controles del Estado.

Un programa necesario que ahora queda bajo la lupa

Viviendas con Apoyo nació como una respuesta distinta frente a la situación de calle. La idea central era simple y fuerte: no alcanza con refugios transitorios, cupos nocturnos o dispositivos de emergencia si la persona no puede reconstruir su vida desde un lugar estable. El programa buscó ofrecer soluciones habitacionales de larga estadía, con acompañamiento técnico y social, para personas adultas sin hogar y también para familias monoparentales con jefatura femenina.

Ese objetivo no está en discusión. En un país donde la situación de calle creció y se volvió cada vez más visible, la vivienda debe ser parte de cualquier respuesta seria. El problema aparece en otro lugar: cómo se compraron las viviendas, cuánto se pagó por ellas, en qué estado estaban, quiénes las vendieron, quién controló las condiciones de habitabilidad y qué criterios se usaron para definir quiénes terminaron viviendo allí.

La información difundida por InfoCapitalTV, a partir de un pedido de acceso a la información pública, señala que en 2024 se gastaron más de 3,5 millones de dólares en la compra de 49 casas destinadas al programa Viviendas con Apoyo, ubicadas en barrios periféricos. Según esa misma información, algunas operaciones superarían los 120.000 dólares por viviendas cuyo valor real sería menor.

El dato abre una línea de investigación delicada. No se trata de cuestionar que el Estado compre viviendas para personas vulnerables. Se trata de saber si el dinero público fue usado con criterio social, técnico y transparente. Una política pública puede tener un fin correcto y, aun así, estar mal ejecutada, mal controlada o atravesada por compras que necesitan explicación.

De 100 viviendas prometidas a 49 bajo análisis

En noviembre de 2024, durante el gobierno anterior, Presidencia informó que el Plan Avanzar había iniciado la entrega de viviendas para personas en situación de calle, en el marco de un convenio entre el MIDES y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. La comunicación oficial hablaba de hasta 100 soluciones habitacionales previstas para unas 220 personas.

En esa presentación también se indicó que, en un primer procedimiento, se habían adquirido 53 viviendas y que el proceso de escrituración había comenzado en octubre de 2024. Las viviendas quedarían a nombre del MIDES y el financiamiento se realizaría a través del fideicomiso de Integración Social y Urbana, gestionado desde la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana del MVOT.

Ese punto es importante porque ordena las responsabilidades. MIDES aparece como organismo responsable del programa, de la selección de perfiles y del acompañamiento social. MVOT y DINISU aparecen vinculados al financiamiento y a la compra en el marco del Plan Avanzar. Por eso, si hubo sobreprecios, viviendas en mal estado, compras discutibles o fallas de control, las respuestas no deberían quedar concentradas en una sola oficina.

La diferencia entre los números también exige aclaración. La comunicación oficial habló de 53 viviendas adquiridas o en proceso de escrituración. La denuncia difundida habla de 49 casas compradas por más de 3,5 millones de dólares. La pregunta es concreta: cuántas viviendas se compraron finalmente, cuántas fueron escrituradas, cuántas están ocupadas, cuántas están vacías, cuántas recibieron reparaciones posteriores y cuál fue el costo final por inmueble.

Si el monto total supera los 3,5 millones de dólares para 49 viviendas, el promedio de compra queda por encima de los 71.000 dólares por casa. En ese contexto, las operaciones superiores a 120.000 dólares necesitan una explicación específica: ubicación, padrón, metraje, estado de conservación, tasación previa, vendedor, gastos asociados y eventuales obras posteriores.

Habitabilidad, residentes y controles

La denuncia también menciona reclamos de residentes por problemas de inhabitabilidad y otras falencias en las construcciones. Ese punto es central. Una vivienda destinada a personas que vienen de situaciones de extrema vulnerabilidad no puede ser apenas una llave entregada para una foto oficial. Debe ser una casa habitable, segura, con condiciones mínimas de higiene, instalación eléctrica adecuada, baño funcional, acceso a servicios básicos y un entorno que no reproduzca abandono.

El propio diseño del programa habla de autonomía, acompañamiento y sostén de la vida cotidiana. Para que eso funcione, la vivienda debe ser parte de la solución, no un nuevo problema. Si una persona sale de un dispositivo de calle y entra a una casa con humedad, filtraciones, problemas eléctricos, roturas, inseguridad o falta de condiciones básicas, el Estado no está reparando una vulneración: está cambiando una precariedad por otra.

También aparece otro punto sensible: el perfil de quienes residen en esas viviendas. El programa está pensado para personas adultas contempladas en programas de la Dirección Nacional de Protección Social, usuarias de dispositivos del sistema de atención a personas en situación de calle, o familias monoparentales de jefatura femenina dentro de los criterios establecidos. Si hay residentes que no cumplen esos requisitos, corresponde saber bajo qué resolución ingresaron, quién autorizó la excepción y qué informe técnico la respaldó.

No se trata de exponer personas ni de publicar datos personales. Se trata de controlar una política pública. La transparencia debe permitir conocer cuántas viviendas fueron adjudicadas, bajo qué criterios, con qué informes sociales, qué equipos intervinieron, qué controles se hicieron antes de la ocupación y qué seguimiento hubo después.

El caso deja una enseñanza política más amplia. Las políticas sociales no se defienden escondiendo problemas. Se defienden con más control, más información pública y más trazabilidad. Comprar viviendas para personas en situación de calle puede ser una decisión correcta. Pagar de más, comprar casas en mal estado o permitir adjudicaciones fuera de criterio sería otra cosa.

Por eso, el tema exige respuestas claras: listado de inmuebles comprados, precios, tasaciones, informes de habitabilidad, vendedores, gastos asociados, reparaciones realizadas, residentes admitidos según perfil del programa y controles posteriores. La vivienda como derecho necesita recursos públicos. Pero esos recursos tienen que llegar a donde deben llegar, sin zonas grises y sin que la vulnerabilidad social termine funcionando como excusa para negocios mal explicados.

Fuentes

Ministerio de Desarrollo Social — Programa Viviendas con Apoyo.

Información difundida por InfoCapitalTV a partir de pedido de acceso a la información pública.

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