El caso de Sahionara Pereira volvió a poner sobre la mesa una tecnología presentada como avanzada para tratar tumores sólidos sin cirugía. El reclamo ya llegó a organismos públicos: se pide saber dónde está el equipo, quién lo gestiona, si está operativo, quién pagó la capacitación médica y por qué una herramienta anunciada como histórica no aparece disponible con claridad para pacientes que la necesitan.

Una tecnología anunciada con expectativa

El HIFU, sigla en inglés de ultrasonido focalizado de alta intensidad, es una técnica médica que concentra ondas de ultrasonido sobre un punto del cuerpo para generar calor y destruir tejido tumoral o lesiones determinadas. En términos simples: apunta energía sobre una zona precisa, sin abrir al paciente con bisturí.

La tecnología fue presentada en Uruguay como un avance relevante para el tratamiento no invasivo de tumores sólidos. En publicaciones vinculadas a Haifu Uruguay y Medicaluy se habló del equipo HAIFU JC300, de capacitación médica en China y de la posibilidad de colocar al país en una posición de referencia regional.

Pero entre el anuncio y el acceso real hay una distancia que hoy merece explicación. Porque una tecnología médica no se mide solo por su llegada física al país. Se mide por su habilitación, sus protocolos, su integración al sistema de salud, su disponibilidad efectiva y la posibilidad concreta de que pacientes indicados para ese tratamiento puedan acceder sin depender de favores, contactos o campañas desesperadas.

El caso Sahionara y las preguntas que faltan responder

La situación de Sahionara Pereira, paciente oncológica oriunda de Aceguá, volvió visible ese vacío. Según informó Cerro Largo Portal, su caso llegó a la Junta Departamental de Soriano a través de un planteo impulsado por Marita Sarutte, referente vinculada a movimientos de usuarios de la salud, que reclamó respuestas sobre el equipo de terapia HIFU y su falta de funcionamiento visible.

El planteo pide información concreta: dónde se encuentra el equipo, si está instalado, si cuenta con habilitación del Ministerio de Salud Pública, qué institución lo administra, qué médicos están capacitados para operarlo, si esa capacitación fue financiada con fondos públicos o privados, y por qué aún no aparece una vía clara de acceso para pacientes.

Esas preguntas son razonables. No atacan la tecnología. Al contrario: toman en serio lo que se anunció. Si Uruguay recibió o gestiona una herramienta de alto valor médico, la ciudadanía tiene derecho a saber si está disponible, bajo qué condiciones, con qué controles y para quiénes.

El punto sensible es que no se puede dejar a los pacientes en una zona gris. Para una persona con cáncer, una promesa médica no aclarada puede generar esperanza, ansiedad, frustración y pérdida de tiempo. La información pública, en salud, también es parte del cuidado.

Innovación sí, pero con acceso y control público

El antecedente de San José muestra que el tema no empezó ahora. En enero de 2025, la Junta Departamental de San José trató el proyecto “Centro Regional de Tecnología Médica Haifu en San José”, que buscaba ser declarado de interés departamental y recibir apoyo económico para alquiler de local. En esa discusión ya aparecían preocupaciones centrales: habilitación del MSP, articulación con el Sistema Nacional Integrado de Salud, protocolos estandarizados, tarifas, exoneraciones y acceso para pacientes vulnerables.

Ese es el núcleo del problema. Uruguay puede y debe incorporar tecnología médica avanzada. Pero no alcanza con traer un equipo, presentarlo como histórico y dejar que el acceso quede atado a una estructura privada o poco clara. Si el Estado participa, respalda, habilita, facilita, financia o acompaña de alguna forma, debe exigir condiciones de transparencia y acceso.

El HIFU no es una solución universal para todos los cánceres. Fuentes médicas internacionales lo describen como una herramienta útil en determinados casos, especialmente en centros especializados y con selección clínica cuidadosa. También se estudia para otros tumores y puede formar parte de ensayos o tratamientos complementarios, según el tipo de cáncer, localización, estadio y criterio médico.

Por eso mismo, la discusión debe ser seria. Ni propaganda milagrosa ni silencio administrativo. Lo que corresponde es una respuesta formal: estado del equipo, habilitación, responsables, protocolos clínicos, criterios de indicación, costos, financiamiento, vínculos con ASSE, MSP, Fondo Nacional de Recursos y prestadores privados.

El caso Sahionara Pereira no debería depender de una campaña pública para obtener información. Si hay una herramienta disponible, debe saberse. Si no está habilitada, debe explicarse. Si es privada, debe aclararse. Si recibió apoyo público, debe rendir cuentas. Y si fue anunciada antes de estar realmente pronta, alguien debe asumir la responsabilidad política y sanitaria de haber creado una expectativa que hoy no encuentra respuesta clara.