El caso de Artigas no fue un accidente histórico ni un hecho aislado perdido en una crónica policial. Ocurrió en el comienzo mismo del nuevo ciclo de seguridad inaugurado por la LUC, bajo un discurso político que buscó reforzar la autoridad policial, endurecer la respuesta penal y presentar la “mano dura” como solución rápida a problemas sociales mucho más profundos.

El hecho de Artigas

La noche del 21 de setiembre de 2020, en una zona rural de Artigas, dos jóvenes circulaban en moto después de haber faenado ilegalmente tres ovejas en una estancia. Las crónicas ubican el episodio cerca de las 23.00 / 23.30 horas, luego de una denuncia al 911 por presunto abigeato. En el operativo intervino personal de la BEPRA, la Brigada Especial para la Prevención y Represión del Abigeato.

El joven herido fue identificado en distintas fuentes con variantes de escritura como Jhonatan, Jonathan o Yonathan Silveira. Tenía 19 años, según las crónicas contemporáneas del hecho. Iba acompañado por otro joven, mencionado como Ezequiel en una primera nota local y como Iván Leites en notas posteriores.

El disparo impactó en la cabeza de Silveira. Tras el hecho, fue trasladado primero a un centro asistencial de Artigas y luego permaneció internado en grave estado hasta fallecer el sábado 26 de setiembre de 2020.

La versión policial y del entonces ministro del Interior, Jorge Larrañaga, sostuvo que la Policía actuó tras una denuncia por abigeato, que un móvil desplegó a sus efectivos de forma escalonada y que la moto avanzaba a alta velocidad con dos ocupantes. Según esa versión, los jóvenes no acataron la voz de alto, sortearon a un primer policía y, frente a un segundo efectivo, se produjo el disparo como una supuesta “maniobra defensiva” en la noche.

Larrañaga también afirmó que no había sido un disparo por la espalda, sino lateral, y sostuvo que en ese momento la Policía no podía saber si los jóvenes portaban armas.

La versión del acompañante fue distinta. El joven declaró que, después de faenar las ovejas, venían de regreso y que, al acercarse a la zona donde estaba la Policía, vieron una camioneta apagada sobre la banquina. Según su relato, efectivos salieron desde atrás de arbustos y dispararon.

También dijo que, tras caer de la moto, fue amenazado, esposado y que los policías intentaron instalar la idea de que no se trataba de una bala. Además, negó que llevaran armas de fuego y sostuvo que solo tenían el cuchillo usado para la faena.

La investigación posterior desmintió aspectos centrales de la primera versión. En abril de 2023, la Justicia de Artigas imputó a un efectivo policial por homicidio y lesiones graves, y a un excoordinador de la Jefatura de Policía de Artigas por intentar ocultar el hecho y hacerlo pasar como un accidente de moto. La versión inicial señalaba un despiste, pero una médica de guardia detectó una herida de bala en el cráneo del joven.

En setiembre de 2024, el Juzgado Penal de 4.º turno de Artigas condenó a dos policías. El agente que efectuó los disparos fue condenado por homicidio en concurso formal con lesiones graves a título de dolo eventual, con una pena de cuatro años de cárcel.

Otro oficial, que actuaba como coordinador de la Jefatura de Artigas al momento de los hechos, fue condenado por encubrimiento y abuso de funciones, con una pena de 18 meses en régimen de libertad a prueba, tareas comunitarias y una multa.

El mensaje político detrás de la “apariencia delictiva”

La LUC no inventó el prejuicio. El prejuicio ya estaba. Estaba en la mirada que sospecha del pobre antes de escucharlo, en la idea de que un gurí con gorrita, tatuaje, ropa gastada o procedencia de barrio popular carga una culpa previa. Estaba en la costumbre de asociar pobreza con amenaza y juventud con peligro. Lo que hizo aquel ciclo político fue darle volumen, tribuna y respaldo institucional a esa forma de mirar.

Durante la discusión de la LUC apareció con fuerza una expresión que marcó el tono de época: “apariencia delictiva”. En el texto legal se hablaba de hechos con apariencia delictiva, no de personas con apariencia delictiva. Esa fue la explicación formal. Pero la discusión pública dejó algo más profundo al descubierto: en la calle, en un comercio, en una plaza o en un procedimiento policial, la frontera entre “hecho sospechoso” y “persona sospechosa” podía volverse demasiado fina.

El problema no estaba solo en la palabra. Estaba en el mensaje político que la rodeaba. El país empezó a escuchar, desde lugares de poder, que la Policía necesitaba más respaldo, más herramientas, más autoridad, más margen. Esa idea se instaló en paralelo con otra: que la inseguridad tenía un rostro reconocible. Y ese rostro casi nunca era el del poderoso, el del hombre de traje, el del empresario que evade, el del jerarca que abusa de su cargo o el del dirigente que se mueve protegido por influencias. El rostro sospechoso volvía a ser el de siempre: pobre, joven, morocho, del interior profundo, del barrio estigmatizado, con gorra, con tatuajes, con moto.

Ahí empieza el peligro. Una democracia no se rompe solamente con tanques en la calle. También se deteriora cuando el Estado empieza a mirar distinto a sus ciudadanos según su aspecto, su clase social, su forma de vestir, su orientación sexual o el lugar donde viven. Se deteriora cuando una plaza deja de ser una plaza para todos y pasa a ser un espacio vigilado por prejuicios. Se deteriora cuando dos jóvenes del mismo sexo que se besan o se abrazan en público terminan interpelados por la Policía. Se deteriora cuando la diferencia se transforma en sospecha.

Ese clima no fue una abstracción. Hubo hechos que mostraron cómo determinadas señales políticas bajaban a la vida cotidiana. En Paysandú, dos jóvenes mujeres denunciaron haber sido expulsadas de una plaza por policías después de besarse y abrazarse. En Rivera, dos jóvenes gays, de 17 y 19 años, denunciaron haber sido demorados tras besarse en una plaza, en un episodio que fue investigado por Fiscalía como posible caso de discriminación y abuso de funciones. No eran delitos. Eran cuerpos, gestos y afectos observados desde una autoridad que se sentía habilitada a corregir lo que no encajaba en determinada moral pública.

El caso de Artigas entra en esa misma atmósfera. No porque todos los hechos sean iguales, ni porque haya que mezclar delitos, prejuicios y procedimientos sin distinguirlos. Los dos jóvenes habían faenado ilegalmente ovejas, y ese dato no debe ocultarse. Pero ningún hurto, ningún abigeato y ninguna fuga justifican que un joven termine con un disparo en la cabeza, ni que luego se intente instalar una versión que la investigación judicial terminó desmintiendo en aspectos centrales.

Lo que vuelve paradigmático este caso es la distancia entre el hecho inicial y el desenlace. De un presunto abigeato se pasó a una muerte. De una denuncia por ovejas faenadas se pasó a un disparo policial. De una versión inicial de despiste se llegó, años después, a condenas por homicidio, lesiones graves, encubrimiento y abuso de funciones. Ese recorrido muestra algo más que un procedimiento mal resuelto: muestra el riesgo de una cultura institucional que, bajo determinados discursos políticos, puede empezar a tratar ciertas vidas como descartables.

La “mano dura” suele presentarse como una consigna simple. Promete orden, promete autoridad, promete respuestas rápidas. Pero en la práctica muchas veces no golpea arriba. Golpea abajo. No cae sobre quienes diseñan el clima desde los despachos, las campañas, los discursos parlamentarios o los estudios de televisión. Cae sobre los cuerpos de siempre y también sobre los policías comunes, que terminan pagando penalmente, solos, las consecuencias de una época política que los empujó a creer que actuar con dureza era sinónimo de cumplir mejor.

Por eso el caso de Artigas no debe leerse solamente desde el expediente. También debe leerse desde el país que lo rodeaba. Un país donde se empezaba a naturalizar que la autoridad policial necesitaba menos límites y más respaldo; donde la sospecha podía apoyarse en la apariencia; donde el discurso público repetía que había que terminar con la “puerta giratoria”, endurecer, perseguir, detener, imponer respeto. Un país con un aroma demasiado parecido a momentos oscuros de la historia uruguaya: no porque fueran iguales, sino porque volvía a aparecer una idea peligrosa, la de que hay ciudadanos más vigilables que otros.

Ese es el punto de fondo. La violencia institucional rara vez nace de la nada. Primero aparece el discurso. Después aparece la justificación. Más tarde aparece la práctica. Y al final, cuando el daño ya está hecho, la responsabilidad queda concentrada en el último eslabón de la cadena, mientras quienes alimentaron el clima político se corren de la escena.

Los fusibles del poder

Ese tipo de discurso nunca cae sobre quienes lo fabrican. La estigmatización, la división y la mano dura como forma de poder suelen dejar el daño lejos de los despachos donde se pronuncian las frases. Primero se instala una idea simple: hay ciudadanos peligrosos por su aspecto, por su barrio, por su pobreza, por su edad, por su forma de moverse o por su manera de vestir. Después esa idea empieza a circular como sentido común. Más tarde aparece en la práctica concreta, en la calle, en el procedimiento, en la plaza, en la ruta, en la noche.

En Artigas, los que perdieron fueron muchos. Perdió un joven de 19 años, que terminó muerto después de un hecho que debía investigarse y sancionarse dentro de la ley, no cerrarse con un disparo. Perdió su familia, que cargó con la muerte, con las versiones iniciales y con años de proceso hasta llegar a una condena. Perdió también el otro joven que iba en la moto, testigo directo de una escena que marcó su vida.

Pero también perdieron las familias de los policías condenados. Y eso no borra responsabilidades, no absuelve conductas ni suaviza la gravedad de lo ocurrido. Un funcionario armado por el Estado tiene la obligación de actuar dentro de la ley, respetar límites, cuidar vidas y responder por sus actos. Esa responsabilidad existe y debe existir. Lo que este caso permite mirar es otra cosa: cómo determinados discursos políticos pueden empujar a policías comunes a creerse parte de una guerra, a asumir que dureza es eficacia, que sospecha es prueba, que autoridad es impunidad, que respaldo político equivale a permiso.

Al final, esos policías también fueron fusibles. Fueron responsables de sus actos, pero también fueron funcionales a un clima construido por otros. Se comieron la pastilla de una época que les repetía que la Policía necesitaba más margen, más respaldo, más poder y menos cuestionamientos. Creyeron, o actuaron como si creyeran, que ese mensaje los protegía. Pero el poder rara vez paga sus propios costos. El costo lo pagan los cuerpos de abajo, las familias de abajo, los funcionarios de abajo.

Los discursos de odio no son solo palabras fuertes para ganar una elección, aprobar una ley o juntar aplausos fáciles. Tienen consecuencias. Ordenan miradas. Habilitan prácticas. Señalan enemigos internos. Dividen a la sociedad entre vidas protegidas y vidas sospechosas. Y después, frente al daño, quienes alimentaron ese clima suelen correrse de la escena, hablar de casos aislados, de errores individuales, de excesos puntuales.

El caso de Artigas muestra justamente eso: una cadena donde la víctima queda muerta, la familia queda rota, los policías quedan condenados y el discurso que ayudó a construir ese clima queda casi siempre sin responsable visible. Esa es una de las formas más antiguas del poder: usar el miedo, señalar a los de abajo, empujar a otros a ejecutar la violencia y después dejar que paguen los últimos eslabones.